Autores: Santiago Bofferón y Fabrizio Boggino
La normativa paraguaya de defensa de la competencia prevé mecanismos de terminación anticipada del procedimiento sancionador de manera previa al dictado de la resolución final por parte del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (“CONACOM”), a saber: la terminación convencional y el compromiso de cese. Mediante estos mecanismos se pretende lograr el restablecimiento inmediato de las condiciones de competencia en riesgo por culpa de las conductas investigadas, a la vez de posibilitar la utilización más eficiente de los recursos tanto de la Institución como de las empresas, reduciendo plazos y logrando sanciones anticipadas.
a) La terminación convencional
Puede ser acordada desde que se dispuso el inicio del sumario de investigación de una supuesta conducta prohibida o falta a la Ley, hasta antes que la Dirección de Investigación haya formulado acusación (una vez formulada acusación, el acusado tiene que presentar su descargo, se dispone la apertura de la etapa probatoria, y luego se dicta la resolución condenando o desestimando la acusación, es decir, en esta instancia al sumario todavía le queda largo trecho por recorrer).
La Dirección de Investigación, el denunciado, y quienes pudieran resultar perjudicados, deben llegar a un acuerdo respecto de las circunstancias de la infracción, la sanción, y las medidas correctivas a ser impuestas.
Si el Directorio considera que lo acordado es razonable y obran elementos de convicción suficientes, entonces dictará una resolución ordenando la terminación convencional del sumario e imponiendo las sanciones y medidas correctivas pertinentes.
En Paraguay, esta figura ha sido utilizada en su mayoría por empresas investigadas por incumplir condicionamientos impuestos previamente para la autorización de operaciones de concentración. Es que, a diferencia de otros marcos legales en la materia que disponen que la terminación convencional puede ser dictada solo respecto de supuestos acuerdos prohibidos o abusos de dominancia, la interpretación de la CONACOM es que la normativa paraguaya permite que la figura puede ser utilizada respecto de cualquier tipo de infracción.
b) El compromiso de cese
Puede ser ofrecido por quien se encuentra siendo investigado e incluso ha sido acusado de cometer alguna regulación más técnica y segmentada que brinde previsibilidad y acompañe el desarrollo de soluciones operativas cada vez más complejas.
PRACTICE AREA NEWS
Se aprobó por primera vez un compromiso de cese: El Directorio de la CONACOM aprobó el compromiso de cese ofrecido por Visa Inc. en un sumario por supuesto abuso de dominancia relacionado con la subadquirencia transfronteriza, sin que esto implique reconocimiento de infracción alguna ni imposición de multa.
Investigación contra frigoríficos: A pedido de la Dirección de Investigaciones, el Directorio de la CONACOM resolvió instruir sumario contra siete frigoríficos de carne bovina para investigar la posible existencia de acuerdos restrictivos a la competencia o un abuso de dominancia colectiva por parte de los dos líderes.
Confirmaciones en sede judicial: Recientemente fueron dictados dos fallos importantísimos para el régimen de defensa de la competencia en Paraguay. Por un lado, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, confirmó la denegación por parte de la CONACOM a la operación de concentración propuesta entre Frigomerc S.A. (Minerva Foods) y FrigoNorte. Esta denegación es hasta la fecha la única denegación a una operación de concentración en Paraguay, y el fallo ratifica la potestad de la Autoridad para hacerlo, sin que ello implique violación a la libertad de empresa consagrada por la Constitución Nacional.
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia confirmó la sanción de la CONACOM a la Cámara Paraguaya de Distribuidoras de Combustibles (CADIPAC) por haber incurrido este Gremio, a través de las expresiones de sus representantes, en faltas a la ley en la forma de acuerdos restrictivos a la competencia mediante recomendaciones colectivas para la coordinación en la fijación de precios de venta del producto, rechazando argumentos de violación, entre otros, al derecho constitucional de libertad de expresión.
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