Autor: José Luis Vega Meza / Zunilda Benavente
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional el pasado 5 de junio de 2026 un Proyecto de Ley “De Seguros”, (el “Proyecto”) que propone una reforma integral del régimen legal aplicable al mercado asegurador paraguayo, derogando la actual Ley de Seguros N°827/96, con más de 30 años de vigencia.
Pese a no modificar el Contrato de Seguros, que sigue bajo el amparo del Código Civil Paraguayo promulgado en 1985, la iniciativa legal busca modernizar el marco normativo vigente, actualizar los estándares de supervisión del sector y alinear la regulación local con tendencias internacionales, especialmente en materia de solvencia, gestión de riesgos, gobierno corporativo, transparencia, intermediación y protección de los usuarios del seguro.
El Proyecto parte de la premisa de que la Ley N° 827/96 requiere una actualización profunda, considerando sus 30 años de vigencia y la evolución del mercado asegurador.
En particular, la propuesta busca reemplazar el modelo actual, basado principalmente en criterios de Solvencia I, por un esquema de supervisión basada en riesgos, inspirado en Solvencia II.
Se destacan las siguientes novedades:
El Proyecto establece nuevas funciones del Directorio que antes no la tenía pues la Ley 827/96 determinaba la autarquía de la Superintendencia de Seguros.
La iniciativa legal establece que es el Directorio el nuevo regulador del mercado de seguros y reaseguros, siendo la Superintendencia de Seguros encargada de la supervisión, no más regulador como lo es actualmente.
El Proyecto introduce un modelo en el cual los requerimientos de capital pasarían a determinarse en función de los riesgos asumidos por cada aseguradora y de la forma en que dichos riesgos son gestionados.
El Proyecto reemplaza el sistema de registro previo de planes de seguro por un sistema de depósito de planes.
Se incorpora el concepto de seguros de índices o paramétricos, así como el concepto de reserva de mercado para seguros de transporte internacional.
La iniciativa regula el uso de herramientas tecnológicas para la venta y comercialización de seguros.
La Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (“APCS”) manifestó públicamente su preocupación respecto del Proyecto, señalando cuestionamientos sobre su legitimidad técnica, coherencia normativa y concordancia con el proceso de discusión previo.
El contrato de fianza como única figura de seguro de garantía traerá mucho revuelo en el mercado y su conceptualización legal, diferente a la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia que nos parece importante advertir.
De aprobarse en los términos actualmente conocidos, el Proyecto podría generar impactos relevantes para distintos actores del mercado.
Para aseguradoras, el impacto principal estaría vinculado a mayores exigencias de capital, solvencia, gobierno corporativo, control interno, gestión de riesgos, reportes, inversiones, provisiones técnicas, supervisión y mayores sanciones.
Para agentes y corredores de seguro, podrían surgir nuevas obligaciones de conducta, información, capacitación, independencia y cumplimiento.
Para clientes corporativos, el Proyecto podría incidir en la disponibilidad, costo, estructura y condiciones de las coberturas de seguros, especialmente en programas complejos, riesgos especiales en licitaciones públicas.
Para grupos empresariales e inversionistas, la reforma también podría tener impacto en operaciones de fusiones y adquisiciones, inversiones y otros.
